CÓMO ENGAÑA EL ESTADO A LOS CIUDADANOS CON LA JUSTICIA GRATUITA

La redacción original de la Ley 1/1.996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita decía en su artículo 3.1 lo siguiente:

 

1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud”.

 

Según las disposiciones legales sobre el salario mínimo interprofesional, éste da derecho a percibir 14 pagas anuales. Por consiguiente, estamos hablando de un salario mínimo interprofesional compuesto de 12 pagas más dos pagas extraordinarias en junio y diciembre con una cuantía de un mes de salario.

 

El Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía introdujo una alteración sustancial en este régimen, de forma que sustituyó la referencia al salario mínimo interprofesional por el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en el art. 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Sin embargo, este Real Decreto-ley dejó muy claro que eso no supondría una variación en la forma de calcular el límite máximo para tener derecho a la prestación. De hecho, en el art. 2.1 del mismo esta norma dice:

 

“1. Para que pueda utilizarse como indicador o referencia del nlvel de renta que sirva para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, y pueda sustituir en esta función al salario mínimo interprofesional, se crea el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)”.

 

Y en apliación de este norma dice en su artículo 2.2., apartado d) lo siguiente:

 

d) La cuantía anual del IPREM será de 6.447 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 5.526 euros”. 

 

Por consiguiente, si en la Ley sustantiva de cobertura que se modifica para ajustarla al IPREM (en nuestro caso la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita) se contemplaba un salario mínimo interprofesional anual de 14 pagas (porque no se excluían expresamente las pagas extraordinarias), el IPREM anual tiene que tener de una cuantía resultante de multiplicar por 14 pagas el IPREM mensual.

 

El Real Decreto-ley 3/2.013, de 22 de febrero por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita en su preámbulo o exposición de motivos dice lo siguiente:

 

“Junto a ello se opera una modificación en la Ley 1/1.996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita actualmente en vigor, para evitar desfases entre el régimen normativo recogido en la misma y la aplicación de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Con este fin se definen los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora y se elevan los umbrales vigentes, introduciendo así una mejora sustancial que beneficiará de manera directa a los ciudadanos. De forma paralela se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) a fin de mejorar las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho

 

Por consiguiente, en el preámbulo de este Real Decreto lo que se pretende es mantener el sistema de cálculo del IPREM, sin alterarlo y mejorar las cuantías límite para acceder al beneficio de la asistencia jurídica gratuita.

 

La Ley l/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en su Disposición Adicional Octava, y bajo la rúbrica “Sustitución de las referencias al salario mínimo interprofesional”, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2.013, de 22 de febrero por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, establece:

 

“Todas las referencias contenidas en esta ley y en su normativa de desarrollo al salario mínimo interprofesional se entenderán hechas al indicador público de renta de efectos múltiples y su valoración se efectuará de conformidad con el art. 3”.

 

Ello es así porque este Real Decreto Ley modificó el art. 3 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, relativo a los requisitos básicos para la concesión del derecho, estableciendo el límite económico máximo en dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros”.

 

Sin embargo, no excluye expresamente las pagas extraordinarias del cómputo, tal como exige el Real Decreto-ley 3/2.004, de 25 de junio, en su art. 2.2.d) cuando dice en su artículo 2.2., apartado d) lo siguiente: La cuantía anual del IPREM será de 6.447 euros cuan-do las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo a-nual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias”. Téngase en cuenta que este Real Decreto-ley del año 2.004 (actualmente en vigor) hace que cualquier cambio de referencia del SMI al IPREM haya de tener presente si en la norma original de cobertura se contemplaba o no la exclusión de las pagas extraordinarias, que, en el caso de la asistencia jurídica gratuita, no se producía.

 

Siendo esto así, las comisiones de asistencia jurídica gratuita que radican en cada capital de provincia, han decidido aplicar un IPREM anual equivalente a multiplicar por 12 y no por 14 el IPREM mensual. De esta manera, se reduce sustancialmente el número de ciudadanos que pueden acceder al beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Pensemos, por ejemplo, en una pensión de jubilación de 1.250,00 € mensuales (antes de la retención de IRPF). Si multiplicamos el IPREM de 2.020 de 14 pagas por 2,5 (una familia de hasta cuatro miembros) obtenemos la cantidad límite para el acceso a Asistencia Jurídica Gratuita siguiente: 7.680,25 € X 2,5 = 19.200,63 €. Si multiplicamos los 1.250,00 € mensuales de pensión de jubilación por 14 pagas obtenemos unos ingresos anuales totales de 17.500,00 €, por lo que la cantidad de ingresos es inferior y la justicia gratuita debería serle concedida al ciudadano. Sin embargo, esa misma pensión no nos permitiría acceder al beneficio de asistencia jurídica gratuita si acudimos a un IPREM de 12 pagas que para esa misma unidad familiar dejaría el límite de ingresos en 16.458 €  (6.583,20 € de IPREM anual de 12 pagas x 2,5 veces).

 

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Burgos ha decidido efectuar este cambio de criterio en la sesión de 15 de junio de 2.020.

 

Por consiguiente, mediante este truco de cómputo, se ha reducido el gasto del Estado y se ha privado a muchos ciudadanos del acceso a la justicia, simplemente porque no pueden pagársela.

 

Hagamos unos números:

 

SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL
IPREM
14 pagas12 pagas14 pagas
AnualAnual x 2AnualAnual x 2Anual x 2,5AnualAnual x 2Anual x 2,5
2.0046.871,20 €13.742,40 €5.526,00 €11.052,00 €6.447,00 €12.844,00 €
2.0139.034,20 €18.068,40 €6.390,13 €12.780,26 €15.975,33 €7.455,14 €14.910,28 €18.637,85 €
2.02013.300,00 €26.600,00 €6.454,08 €12.908,16 €16.135,20 €7.519,59 €15.039,18 €18.798,98 €

 

Son varias las conclusiones que podemos extraer de este cuadro. En primer lugar, que cuando se crea el IPREM en el año 2.004 el límite de ingresos para acceder a la justicia gratuita baja de 13.742,40 € anuales (doble del S.M.I. en 14 pagas) a 12.844,00 € anuales (doble del IPREM en 14 mensualidades). Por tanto se perjudica a los ciudadanos que se encuentran entre ambos tramos de ingresos. En segundo lugar, ahora, 16 años después, se está aplicando a los solicitantes un límite de ingresos de 16.135,20 € (2,5 veces el IPREM en 12 mensualidades). Es decir, que en 16 años este límite sólo ha crecido en 2.392,80 € lo que supone un 17,41 % en total, o lo que es lo mismo, un 1,09 % anual. En tercer lugar, la falta de actualización del IPREM conforme al IPC desde el año 2.011 al 2.019 (más adelante veremos que no se ha producido, vulnerando la ley de su creación) ha supuesto una pérdida real de un 7 % en ese límite, por lo que, en realidad en esos 16 años ese límite sólo se ha incrementado 10,41 %, o sea, un 0,65 % anual, muy por debajo de la inflación. Por lo tanto, prácticamente no se ha mejorado la situación de acceso a la justicia de los ciudadanos más desfavorecidos.

 

Por si ello fuera poco, los apartados 1 y 2 del art. 2.2 del Real Decreto 3/2.004, de 25 de junio, por el que se crea el IPREM establecían lo siguiente:

 

“1. Para que pueda utilizarse como indicador o referencia del nivel de renta que sirva para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, y pueda sustituir en esta función al salario mínimo interprofesional, se crea el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

 

  1. Anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se determinará la cuantía del citado indicador teniendo en cuenta, al menos, la previsión u objetivo de inflación utilizados en ella. Con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley anual de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno consultará a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas sobre la cuantía del IPREM”.

 

Sin embargo, el Gobierno de España y el Parlamento han incumplido este Real Decreto Ley, no actualizando el IPREM conforme al IPC durante muchos años. Así, desde el 2.011 al 2.019 sólo se ha actualizado con un incremento del 1 %. Veámoslo en el siguiente cuadro resumen:

 

AÑOIPREM MensualIncremento
2019537,84 €0,00%
2018537,84 €0,00%
2017537,84 €1,00%
2016532,51 €0,00%
2015532,51 €0,00%
2014532,51 €0,00%
2013532,51 €0,00%
2012532,51 €0,00%
2011532,51 €0,00%
2010532,51 €1,00%
2009527,24 €2,00%
2008516,90 €3,55%
2007499,20 €4,20%
2006479,10 €1,96%
2005469,80 €2,02%
2004460,50 €

 

Por el contrario, el IPC durante todos estos años se ha incrementado un 8 %, por lo que la pérdida del derecho de acceso a las prestaciones públicas que dependen del IPREM ha sido del 7 %. Así puede consultarse en los datos del  I.N.E. que son públicos. Por lo tanto, el derecho de los ciudadanos de acceder a una justicia gratuita en condiciones de igualdad con los ciudadanos más adinerados, se ha visto reducida. Ello es porque los salarios han subido una cierta cantidad de dinero (incluso el salario mínimo interprofesional) pero esta subida del nivel de vida no se ha visto reflejada en una actualización del IPREM.

 

Esto, realmente es un escándalo y nos demuestra cómo los poderes políticos y económicos que han gobernado en España desde el año 2.004  hasta la actualidad han impedido e dificultan el acceso de las clases y los ciudadanos más desfavorecidos, que no a los indigentes, a la Justicia. Sin embargo, la Constitución de 1.978 dice otra cosa.

 

La Constitución Española de 1978, en su artículo 24, consagra como fundamental el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. La reducción del límite máximo de ingresos por vía de pasar a computar 12 pagas de IPREM mensual en lugar de 14, como inicialmente preveía la Ley de asistencia jurídica gratuita, así como la falta de actualización del IPREM suponen una restricción de este derecho. Se trata de una actuación contraria a la normativa constitucional.

 

Seguro que los defensores del Estado señalarán que no está claro que la modificación posterior realizada en le año 2.013 mantenga un cómputo de 14 pagas o mensualidades, pero debemos decirle que tampoco deja claro que elimine este cómputo referido a 14 pagas. Tratándose una interpretación dudosa, debe entenderse en el sentido de una mayor efectividad del derecho constitucional de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales.

 

Así lo ha entendido el Defensor del Pueblo de Andalucía en su informe de 12 de diciembre de 2.014 que se puede consultar en este documento.

 

Si se hubiera conservado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en su redacción inicial, estaríamos hablando de un límite de ingresos muy superior, de forma que muchas personas más tendrían hoy día acceso a este derecho. Pero es evidente que en España las clases que detentan el poder no es esto lo que quieren. Se busca no sólo la reducción de la litigiosidad, sino la privación de la lucha por sus derechos civiles y políticos a los estratos de ciudadanos que no son los estrictamente más pobres, pero sí que sólo tienen los justo para vivir y no pueden permitirse costearse un pleito por lo caro que les resulta. En suma, se pretende un control de una gran parte de la población reduciéndola a meros esclavos económicos.